LA TRAGEDIA DE MADRID ARENA SIGUE EN PROCESO JUDICIAL CUATRO AÑOS DESPUÉS.
El pasado enero se retomo la causa en los juzgados y a día de se pueden conocer mejor las responsabilidades de cada pieza en este catastrófico tablero de ajedrez.
Mucho se ha hablado ya de las notables
imprudencias que se cometieron en la planificación y organización del evento
que tuvo lugar el 31 de Octubre de 2012. De la catástrofe ya conocida por todos
como la Tragedia en el pabellón Madrid
Arena que se cobró la vida de cinco jóvenes. Sin embargo, aún están por
descubrir muchas más irregularidades de las hasta ahora conocidas.
El pasado enero, la causa se retomó en
los juzgados. Los principales acusados, como el señor Miguel Ángel Flores, encargado de la empresa Diviert, la promotora de la fiesta, y sus socios testificaron ante el tribunal en marzo. También lo hicieron miembros
corporativos y trabajadores de Kontrol34,
la que se ha demostrado que era la empresa responsable de la seguridad del
evento, de Madridec, que se encargaba
del alquiler del pabellón, así como miembros del cuerpo de policía y algunas de
las personas que asistieron a la fiesta como clientes.
El juicio sigue la mecánica habitual:
unas empresas culpan a otras y al final ninguna admite haber perpetrado pecados
de la magnitud que cometieron.
Así, el gerente de la empresa de prestación
de servicios informáticos, junto con el gerente de la empresa de confección de
entradas, niegan la posibilidad de que existiesen entradas grupales y afirman
que no se permitió la entrada de nadie que llevase entrada falsa. Por otra
parte, el gerente de Kontrol34 declaró que “la responsabilidad de su empresa
era facilitar un listado de personas que en el control de acceso al recinto y
no de la seguridad interior. Este testimonio ha sido neutralizado por la
abogada de una de las difuntas mostrando pruebas de que en todos los informes
presentados a Madriadec figura como la empresa responsable de seguridad. Por
último, destacar que, el ya mencionado anteriormente Miguel Ángel Flores,
admitió haber encargado el triple de entradas de las permitidas, es decir, 9.650
cuando el máximo de entradas que se permitía era de 5.000 (esta cantidad debe
sumarse a las invitaciones que se hicieron, la gente que se coló, los que
entraron con una supuesta entrada falsa y los que entraron de mano de los
relaciones públicas). Este hecho limita sus estrategias de defensa y ha
producido que se lo juegue todo a una última carta: perseguir a quien permitió
alquilar el Madrid Arena para una festividad de este tipo.
De esta ronda de testimonios y pruebas,
los jueces que llevan el caso han podido extraer algunas conclusiones
provisionales. Entre ellas destacan: la ya comprobada hipótesis de que se
vendieron tres veces más de las entradas permitidas y sobrepaso el aforo
permitido, lo que nos deja cifras escandalosa que aún están por concretas pero giran en torno a las 20.000 y 23.000 personas para un aforo máximo de 10.620 personas; las participación y asistencia de menores al evento; que no se
chequeaban los bolsos y mochilas de los asistentes, ni se requisó ningún
objetos; no hubo reunión previa de seguridad; los vomitorios auxiliares que se
encontraban alrededor de todo el recinto se encontraban cerrados; y que ninguna de las empresas colaboradoras en
la realización del evento asumieron la responsabilidad por lo que había pasado.
Marlo.
Marlo.
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